La Pensión Alimenticia Retroactiva en México: Un Derecho Imprescriptible para la Protección de la Infancia

Introducción

En el marco del derecho familiar mexicano, la pensión alimenticia representa una obligación esencial derivada del vínculo filial, destinada a garantizar el sustento, educación y desarrollo integral de los menores de edad. Sin embargo, cuando esta obligación se incumple durante años, surge la figura de la pensión alimenticia retroactiva, un mecanismo jurídico que permite reclamar los pagos omitidos de manera retrospectiva. Esta herramienta, fortalecida por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca reparar el daño causado por la ausencia económica de uno de los progenitores, reconociendo que el derecho a los alimentos es imprescriptible e irrenunciable. En México, donde estadísticas revelan que tres de cada cuatro menores en hogares monoparentales no reciben su pensión correspondiente, la retroactividad se erige como un pilar de equidad social y protección infantil. Este ensayo explora su conceptualización, base legal, supuestos de aplicación y desafíos, con el fin de destacar su relevancia en la construcción de una sociedad más justa.

Concepto de la Pensión Alimenticia y su Dimensión Retroactiva

La pensión alimenticia, regulada principalmente en el Código Civil Federal y los códigos estatales de familia, se define como la contribución económica que un progenitor debe realizar para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, tales como alimentación, vivienda, educación, salud y recreación. Este deber no es negociable ni condicional; emana directamente del parentesco y persiste hasta que el hijo alcance la independencia económica, lo que puede extenderse más allá de la mayoría de edad si persisten estudios o discapacidades.

La retroactividad introduce un elemento temporal clave: permite que el pago se exija no solo desde la fecha de la sentencia judicial, sino desde el nacimiento del menor o el momento en que se generó la obligación. Esto ocurre cuando el deudor alimentario —generalmente el progenitor no custodio— ha incumplido su responsabilidad, ya sea por negación de paternidad, abandono o desconocimiento deliberado del vínculo filial. La pensión retroactiva no es un castigo punitivo, sino una reparación civil que busca equilibrar la carga asumida por el custodio primario, quien a menudo asume solo los gastos durante años. En esencia, transforma el tiempo perdido en un derecho exigible, reconociendo que el daño económico y emocional no prescribe con la edad del beneficiario.

Marco Legal: Evolución y Fundamentos Normativos

El fundamento legal de la pensión alimenticia retroactiva se encuentra disperso en el ordenamiento jurídico mexicano, pero ha sido moldeado significativamente por la jurisprudencia de la SCJN. El artículo 303 del Código Civil Federal, reformado en 2017, establece explícitamente que la pensión derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe ser retroactiva al nacimiento del menor. Esta reforma surgió de un dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, alineándose con la tesis de la Primera Sala de la SCJN, que en septiembre de 2015 resolvió que la obligación alimentaria inicia desde el parto y puede reclamarse en cualquier momento, incluso por hijos mayores de edad respecto a necesidades no cubiertas en su minoría.

La imprescriptibilidad es un principio cardinal: según la SCJN, el derecho a alimentos no se extingue por el paso del tiempo, ya que su única condición es la existencia del vínculo filial. Esto se refuerza en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), en sus artículos 562 al 568, que regulan la fijación provisional y definitiva de la pensión, incluyendo retroactivos en casos de incumplimiento. Además, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias permite inscribir deudas pendientes, facilitando su ejecución y cobro.

Esta evolución refleja un giro paradigmático en el derecho mexicano, influido por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza el interés superior del menor. Previamente, la retroactividad era limitada; hoy, es la regla general, salvo excepciones como la falta de prueba sobre el conocimiento del embarazo por parte del deudor.

Supuestos de Procedencia y Aplicación Práctica

La procedencia de la pensión retroactiva requiere cumplir ciertos supuestos, que varían según el contexto. En primer lugar, debe demostrarse el vínculo filial mediante pruebas como exámenes de ADN o sentencias de paternidad. Si el progenitor tuvo conocimiento del embarazo o del nacimiento y no actuó, el pago retrocede al día del parto. Por el contrario, si no hay evidencia de tal conocimiento —por ejemplo, en casos de separación abrupta o negación sistemática—, la retroactividad inicia desde el emplazamiento judicial o la notificación de la paternidad.

Tanto el custodio (madre o tutor) como el hijo mayor de edad pueden demandar. Casos emblemáticos incluyen demandas adultas por manutención omitida durante la infancia, o solicitudes en juicios de divorcio donde se revela incumplimiento histórico. El monto se calcula considerando la capacidad económica del deudor (hasta el 50% de sus ingresos netos) y las necesidades del acreedor, pudiendo fijarse en salarios mínimos si no se acredita solvencia. La ejecución es vía judicial: una vez sentenciada, se notifica a empleadores para descuentos directos, y el incumplimiento se registra nacionalmente.

En la práctica, el proceso inicia ante un Juzgado de lo Familiar, con pruebas como actas de nacimiento, testigos o documentos financieros. La SCJN ha enfatizado que la retroactividad no se circunscribe a la minoría de edad, permitiendo reclamos perpetuos para subsanar deudas pasadas.

Desafíos y Reflexiones Críticas

A pesar de sus avances, la pensión retroactiva enfrenta obstáculos estructurales. La carga probatoria recae en el acreedor, quien a menudo carece de recursos para litigar, exacerbando desigualdades de género en un país donde las madres custodian al 80% de los menores. Además, la evasión mediante insolvencia simulada —sancionada penalmente— persiste, y la ejecución transfronteriza complica casos de deudores expatriados. Críticos argumentan que extender la retroactividad a la concepción (en lugar del nacimiento) sería más equitativo, ya que los gastos prenatales también impactan al custodio. No obstante, la doctrina actual prioriza el nacimiento como hito, equilibrando derechos parentales.

Desde una perspectiva social, esta figura promueve la responsabilidad filial en una era de familias fragmentadas, pero demanda mayor accesibilidad: campañas de sensibilización, apoyo legal gratuito y digitalización de registros podrían potenciar su efectividad.

Conclusión

La pensión alimenticia retroactiva en México no es meramente un mecanismo reparador, sino un instrumento de justicia restaurativa que reafirma el deber parental como pilar de la cohesión familiar. Respaldada por reformas legislativas y jurisprudencia progresiva de la SCJN, garantiza que el tiempo no erosione derechos fundamentales, permitiendo a generaciones afectadas reclamar su dignidad económica. En un contexto de vulnerabilidad infantil persistente, urge fortalecer su implementación para transitar de la norma al hábito cultural. Así, la retroactividad no solo cierra heridas pasadas, sino que siembra equidad para el futuro, recordándonos que la paternidad —o maternidad— trasciende el momento y exige compromiso eterno.