Reforma Antilavado 2025: ¿Qué cambia y cómo te afecta?
Dicha ley tiene como propósito prevenir y detectar operaciones que involucren recursos provenientes de actividades ilícitas, estableciendo mecanismos para que quienes realicen ciertas actividades consideradas “vulnerables” identifiquen a sus clientes, conserven información y presenten avisos a la autoridad, con el objeto de mitigar la posibilidad de llevar a cabo el lavado de dinero y financiamiento a grupos delictivos, protegiendo la integridad y estabilidad del sistema financiero, la economía y la seguridad nacional.
Ahora bien, ¿Qué prevé esta nueva reforma a la Ley Antilavado? Primero que nada, respecto del criterio de beneficiario controlador, es decir, la persona o personas que dicha ley considera “dueños relevantes” o cuyo voto tiene más peso en la toma de decisiones de una empresa o fideicomiso, redujo del 50% al 25% el porcentaje mínimo que una persona debe de tener para ser considerado como beneficiario controlador, lo cual implica una mayor vigilancia respecto a quienes están detrás de una empresa, siendo obligación para éstas tener debidamente identificados a sus beneficiarios controladores, así como presentar un aviso electrónico a la Secretaría de Economía cuando se realicen transmisiones de propiedad de acciones o partes sociales.
Asimismo, se amplió el catálogo de actividades vulnerables, es decir, aquellas que están obligadas a reportar operaciones que puedan ser sospechosas de lavado de dinero, sujetas a umbrales específicos para su reporte, siendo estas los desarrollados inmobiliarios y el intercambio de criptomonedas.
De igual forma, se amplió el plazo de conservación de documentación soporte de actividades vulnerables, anteriormente de 5 años, ahora de 10 años, y la identificación de clientes o usuarios se volvió más estricta, incluyendo la obligación de conocer directamente a los mismos.
Como parte de los requerimientos que las personas físicas o morales deben de cumplir en el desarrollo de las actividades que se consideran vulnerables, se agregó el desarrollo de procesos de selección de personal y la incorporación de programas de capacitación anual a órganos de administración, directivos, representantes de cumplimiento (quienes son una nueva figura establecida en esta reforma) y empleados que tengan relación directa con clientes o usuarios, así como la implementación de sistemas automatizados para monitoreo continuo y evaluación de riesgos.
Finalmente, las empresas ahora deben de someterse a auditorías internas y externas más especializadas, en razón al nivel de riesgo de sus operaciones, y deben implementar controles más estrictos y adoptar políticas y manuales para cumplimiento de la Ley Antilavado que prevean las reformas planteadas, así como prestar especial atención a aquellas operaciones con Personas Políticamente Expuestas.
Cabe recalcar que las autoridades estarán actualizando la normatividad relacionada con la Ley Antilavado, como lo son las reglas de carácter general aplicables, para lo cual cuentan con un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de las reformas, es decir, a más tardar el 15 de julio del 2026, entrando en vigor los plazos para el cumplimiento de nuevas obligaciones, como lo son evaluación de riesgos, manual de políticas, selección de personal, sistemas automatizados y auditorías, conforme se vayan publicando las reglas que los regulen.
Finalmente, es importante señalar que dichas reformas prevén beneficios respecto de posibles infractores en caso de cumplimientos espontáneo previo al inicio de facultades de verificación, como lo pueden ser descuentos en multas e inclusive condonaciones, por lo cual, el cumplimiento, incluso extemporáneo, es fundamental.
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